Vínculos políticos detrás del remolcador interceptado con 13 508 kg de cocaína en Panamá
Un decomiso histórico que sacude a Panamá
La reciente incautación de 13 508 kilogramos de cocaína a bordo del remolcador Oceanic Tug, con bandera de Tanzania, ha desatado un nuevo escándalo en Panamá. El decomiso, valorado en más de 200 millones de dólares, representa uno de los golpes más duros al narcotráfico en lo que va del año, pero también ha encendido las alarmas sobre posibles vínculos políticos relacionados con la embarcación.
Según reporta Día a Día Panamá, las autoridades investigan una posible conexión entre los propietarios del remolcador y figuras cercanas al Partido Revolucionario Democrático (PRD), actualmente en el poder.
Empresarios y nexos con figuras del PRD
El Oceanic Tug estaría vinculado al empresario Pablo Torres Chong, primo del exdiputado Ricardo Torres, una figura reconocida dentro del PRD. De acuerdo con fuentes consultadas, Torres Chong habría recibido contratos y concesiones durante la administración de Laurentino “Nito” Cortizo, lo que genera suspicacias sobre la protección política de la que habría gozado.
Este hallazgo no solo apunta a una red de narcotráfico, sino también a un entramado de poder político y económico. La conexión familiar con un exdiputado del partido gobernante plantea interrogantes sobre la supervisión de los contratos estatales y la transparencia en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Autoridad Marítima de Panamá bajo la lupa
Uno de los ejes de la investigación apunta hacia la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que habría otorgado permisos o mantenido vínculos con empresas relacionadas al Oceanic Tug.
El nombre del exdirector Noriel Araúz, quien lideró la institución durante el gobierno de Cortizo, ha surgido dentro del contexto del caso.
La AMP ha sido señalada en otras ocasiones por presuntas irregularidades y delitos contra la administración pública y la fe pública, según denuncias recientes ante el Ministerio Público. El decomiso del remolcador refuerza la percepción de que algunas embarcaciones podrían estar operando bajo amparo político o institucional.
El tráfico marítimo y su conexión con el poder
El caso del Oceanic Tug revela cómo el narcotráfico internacional utiliza estructuras legales —como empresas marítimas o contratos portuarios— para movilizar grandes cantidades de droga.
La operación de una embarcación con bandera extranjera y un cargamento de esta magnitud sin detección previa expone las fallas en el control portuario y aduanero panameño.
Además, muestra el grado de infiltración del crimen organizado en sectores económicos y políticos. El uso de rutas marítimas bajo registros oficiales pero controladas por empresas con vínculos políticos crea un terreno fértil para la corrupción y la impunidad.
Impacto político y exigencias de transparencia
El decomiso y sus repercusiones han encendido el debate nacional. Diversas voces del sector civil y político exigen una investigación profunda y transparente, que no se limite a los tripulantes detenidos sino que alcance a las estructuras financieras y políticas detrás del remolcador.
La relación entre narcotráfico, concesiones estatales y figuras cercanas al gobierno pone a prueba la independencia del Ministerio Público y la credibilidad del sistema judicial panameño.
Si se confirman los vínculos políticos detrás del remolcador interceptado, Panamá enfrentaría un desafío institucional de gran magnitud, comparable con otros casos internacionales donde el narcotráfico se entrelaza con el poder político.
Conclusión: una oportunidad para limpiar las aguas
El caso del Oceanic Tug es más que un decomiso. Representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas dentro del sistema marítimo y gubernamental panameño.
Solo una investigación independiente y profunda podrá determinar hasta qué punto los vínculos políticos remolcador interceptado ponen en riesgo la integridad del Estado y la confianza ciudadana.
Fuente: Día a Día Panamá