Transparencia Venezuela: lo que se sabe del juicio a los 64 implicados en el caso Pdvsa-Cripto
El juicio entra en una nueva fase
El juicio por el caso Pdvsa-Cripto avanza en Caracas con 64 acusados trasladados al Palacio de Justicia para continuar las sesiones judiciales previstas por el Tribunal 3° de Juicio con competencia en delitos asociados al terrorismo y la delincuencia organizada. La causa, una de las más grandes investigaciones por corrupción petrolera en Venezuela, mantiene bajo la mira a exministros, exfuncionarios, operadores financieros y empresarios vinculados a presuntas operaciones irregulares con crudo y criptoactivos.
Según la información disponible, la audiencia forma parte de un proceso que comenzó el 20 de abril de 2026 y que ha tenido varias sesiones consecutivas en Caracas. En esas comparecencias, algunos acusados han optado por declarar, mientras que la Fiscalía sostiene la acusación principal contra todos los involucrados.
Quiénes están señalados
Entre los nombres más conocidos del expediente figuran el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, el exdiputado Hugbel Roa, el exministro Simón Zerpa, el exvicepresidente de Pdvsa Antonio Pérez Suárez y el exjefe de la Sunacrip Joselit Ramírez. También aparecen empresarios y operadores financieros como Samark López y miembros de las familias De Grazia y Perdomo, mencionados en las reseñas del proceso.
La Fiscalía los vincula con una supuesta red de corrupción que habría usado cargos públicos y niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas sin controles adecuados. En el expediente se les atribuyen presuntos delitos como traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contrato, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Cómo habría operado la trama
De acuerdo con la acusación fiscal, la supuesta red habría actuado a través de la asignación de cargas de crudo por parte de Pdvsa a la Sunacrip y a particulares, sin supervisión suficiente. El esquema habría permitido operaciones petroleras paralelas y el desvío de recursos obtenidos por la comercialización del crudo.
Las investigaciones señalan que esas divisas no ingresaron al tesoro nacional, sino que habrían sido transformadas en criptoactivos. Por esa razón, el caso terminó agrupado bajo el expediente Pdvsa-Cripto, una etiqueta que resume el cruce entre la industria petrolera estatal y mecanismos financieros digitales.
Un proceso masivo y complejo
El volumen de acusados ha convertido este juicio en uno de los procedimientos penales más grandes de los últimos años en Venezuela. Las fuentes citadas reportan que los 64 detenidos fueron arrestados entre marzo de 2023 y abril de 2024, en el contexto de una operación anticorrupción del gobierno venezolano.
La magnitud del expediente también se refleja en la logística judicial, con decenas de abogados juramentados para asumir la defensa de los procesados. La audiencia se ha desarrollado en sesiones largas, con declaraciones de acusados y discusiones procesales que buscan ordenar un caso con múltiples aristas y un gran número de implicados.
Lo que está en juego
Más allá del número de acusados, el caso Pdvsa-Cripto concentra la atención pública porque involucra sectores clave del Estado venezolano: petróleo, finanzas, criptoactivos y contratación pública. También pone bajo escrutinio la forma en que se manejaron recursos estratégicos en una etapa crítica para la economía del país.
Para el oficialismo, el juicio busca mostrar una ofensiva contra la corrupción; para sus críticos, el proceso levanta dudas sobre opacidad, alcance real de las investigaciones y consistencia de las versiones oficiales. En cualquier caso, la causa sigue abierta y su desenlace podría marcar un precedente importante en la narrativa judicial y política del país.
Próximos pasos
Por ahora, el juicio continúa en Caracas con nuevas sesiones y declaraciones previstas. A medida que avance, podrían conocerse más detalles sobre la participación específica de cada acusado y sobre el destino de los recursos presuntamente desviados.
La expectativa se concentra en cómo el tribunal ordenará las pruebas, qué peso tendrán los testimonios y si la Fiscalía logra sostener la teoría de una red de corrupción articulada desde la industria petrolera. El caso, por su escala, seguirá siendo uno de los temas judiciales más sensibles de Venezuela en 2026.
Fuente: Últimas Noticias, Primicia, La Patilla y otras coberturas del caso